Entretanto, España es el Estado de la Unión Europea que destina menos recursos para la protección de la familia cuando, paradójicamente, es la nación que más necesitaría hacerlo, debido, como dijimos, a ser la que tiene más baja natalidad.

 En 1999, la media del gasto social de la UE era 27,6 por ciento,  y el de España 20 por ciento. Dentro de ese gasto social general inferior de parte de España, la UE dedica el 8,5 por ciento a la familia, contra 2,1 de España. En otros términos, se proporciona aquí cuatro veces menos ayuda a la familia que la media Europea[1].

 Todos los partidos políticos se muestran actualmente preocupados por resolver esta grave deficiencia, tanto en el ámbito nacional, como de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, sus propuestas son aún tímidas, no han escuchado suficientemente a las asociaciones representativas de las familias[2] y, sobre todo, no pocas, amenazan ser más un factor de disolución de la institución familiar. Esto es debido a que dichos planes buscan  favorecer formas de convivencia opuestas a la familia, no basadas en el matrimonio[3]. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de ley de Familia, del gobierno de la Comunidad de Madrid, que equipara la familia a las uniones de hecho. Ese plan provocó, por esta causa, gran rechazo social[4].

En resumen, las familias numerosas, que constituyen el 20 por ciento de la población y que proporcionan a la sociedad los elementos vitales del futuro, se encuentran actualmente en una desventaja material notable.

Todo parece convergir en nuestro país para que la familia no cumpla su misión primordial de procrear y educar sus hijos[5].

[1] Cf. La Familia y los Poderes Públicos: Propuesta de Medidas para el Desarrollo del Plan Integral de Apoyo a la Familia del Gobierno de España, Instituto Pheonix de Estudios Políticos, 14-2-2002, actualizado en 20-5-2002, p. 11.

[2] Cabe destacar la importante labor llevada a cabo a respecto por Asociaciones Familiares y Centros de Investigación. Entre ellos, hemos tomado conocimiento de trabajos realizados por el Instituto Phoenix, Federación Española de Familias Numerosas, PROFAM, Acción Familiar, Instituto de Política Familiar, HazteOir, FAD, Instituto Juan Pablo II, E-Cristians, Partido Familia y Vida, etc.

[3] Sintética y clara es la enseñanza de Juan Pablo II al respecto: "La familia debe ser el centro de la política social y ser respetada en su identidad propia de unión estable entre un hombre y una mujer, fundada en el matrimonio y no asimilada a otras formas de relaciones". (Discurso a los representantes de la ciudad y región de Roma, 18-1-2001).

[4] Una petición en este sentido fue promovida por PROFAM, con el apoyo de miles de firmas de madrileños. El proyecto fue, a vista de ello, postergado, según varias fuentes periodísticas. (Cf. La Razón digital, 14-2-2003 y El País, 5-3-2003).

[5] Sobre la obligación moral del Estado ayudar económicamente la familia, ver lo tratado en la Segunda Parte, V, 6.A, especialmente la última nota de este ítem.