A partir de septiembre de 2005, miles de tarjetas postales comenzaron a llegar a la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidiendo que en la nueva legislación sobre el tan prometido Consejo Audiovisual, se establezca realmente un órgano que oiga su voz y la de todos los telespectadores; que reciba sus quejas y tenga obligación de investigarlas; que sea independiente y con poder de sanción.

Es posible limpiar la televisión de los contenidos violentos, consumistas, sexistas, pornográficos, que degradan la imagen de la mujer; o incluso de aquellos contenidos que desvirtúan el lenguaje y atentan contra el respecto al prójimo, que violan el derecho a la honra y a la intimidad de las personas; o de aquellos programas irreverentes con la Iglesia, la religión y sus ministros o que desacreditan la institución de la familia.

Y es el momento de pedir de forma firme, decidida y por gran número de personas, una mayor participación de los telespectadores en el Consejo Audiovisual e, incluso, la constitución de un Defensor del Telespectador, así como existe el Defensor del Pueblo y del Defensor del Menor. Ver

Un primer éxito de esta iniciativa fue la creación del Defensor del Telespectador y del Radioyente en RTVE, en febrero de 2006.